La diputada Irma Pineda Santiago dijo que con esta propuesta, reforzaran las medidas y políticas públicas implementadas por el Estado pero que no han logrado contener la incidencia.
Faustino Romo Martínez
Oaxaca, Oax. – La Diputada Irma Pineda Santiago presentó la iniciativa por la que se reforma la fracción V ubicada en el apartado C del artículo 8 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así también, por el que se adicionan los párrafos cuatro, quinto, sexto y séptimo del artículo 165 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Expuso que antes del inicio del sexenio del presidente López Obrador, el índice de feminicidio y homicidios contra nosotras resultaba inaudito. Informes de 2018 señalaban una numeraría de 305, para 2020, el año más fatídico reportó cerca de 900 mujeres muertas de forma dolosa en México.
Mencionó que las cifras de incidencia delictiva del fuero común 2015-2025 que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2015 a julio de 2025, junto con el estudio que realiza el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como responsable del seguimiento al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD), reportan que se han registrado más de 1082 feminicidios de mujeres en México,
«De estos feminicidios contra niñas y mujeres, 201 han ocurrido en Guanajuato, seguido por Baja California (103) y Estado de México (92). Nuestro Estado ocupa el penoso quinto lugar de feminicidios», agregó.
Del mismo modo, dijo que, si sumamos los 1,082 homicidios dolosos de mujeres a los 1628 homicidios culposos que tuvieron lugar en el mismo periodo, obtenemos que un total de 2,710 asesinatos de niñas y mujeres han sido registrados a nivel nacional de enero de 2015 a julio de 2025.
«Ahora bien, es cierto que en el primer semestre de 2025 la cifra de feminicidios redujo considerablemente. Los datos nacionales a un reflejan un promedio de dos feminicidios por día; aunque esta cifra es menor que años pasados, todavía es alarmante», aseguró.
Mencionó que tal vez la reducción se deba a la implementación de políticas públicas del presente sexenio, así como de movimientos feministas que han reivindicado la nueva conciencia social, permitiendo que disminuyan estas cifras; sin embargo, aún no podemos asegurar que nos encontramos en una “primavera” y, es que pareciera que, de enero a junio de 2025 a la fecha, la incidencia sufrió un repunte alarmante hasta sumarse 338 homicidios dolosos de mujeres, según revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
«Con esta propuesta busco elevar a rango constitucional la protección hacia las víctimas, en particular de mujeres, hacia nosotras, para agregar el derecho humano a la protección de la víctima y evitar su revictimización, y el manejo doloso y premeditado de datos sensibles para la víctima o sus familiares».
Es decir, a: Evitar ser revictimizadas; A protegernos con la secrecía de nuestros datos personales; A impedir que funcionarios públicos, ya sea de fiscalía o de seguridad pública, en labores de primera instancia, auxilio o primeros respondientes en la cadena de custodia, expongan sin consentimiento u omisión a la víctima o a sus familiares a través de la filtración o exhibición pública, uso indebido de nuestros datos, integridad ya sea como denunciante, como víctima de un delito o como acompañante en un proceso judicial u obstaculicen las investigaciones.
Con esta propuesta, reforzamos las medidas y políticas públicas implementadas por el Estado pero que no han logrado contener la incidencia; mientras existan colectivos y organizaciones civiles que se organicen, marchen, protesten y exijan con razón “NI UNA MÁS”, esta propuesta tendrá mayor sentido.
