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miércoles, noviembre 25, 2020

De porros y caciques guerrerenses

Escenario Político

Por Gubidxa Guerrero

Poco a poco se desenreda el nudo tras los hechos lamentables del pasado fin de semana en Iguala, Guerrero. Hace unos días escribí acerca de los tres principales sospechosos de la matanza: el gobierno, el empresariado o el crimen organizado.

Ayer, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sugirió que “alguien” pagó a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa para boicotear el evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda de Abarca, Presidenta del DIF local, quien el viernes 26 rindió su informe de actividades. Precisamente a la hora y en el lugar de este acto político-social llegaron los estudiantes que residen en Tixtla, Guerrero, distante casi tres horas de Iguala, de donde se derivaron los lamentables hechos.

El secuestro de tres autobuses ‘Costa Line’ por parte de los estudiantes es innegable. Son camiones de transporte foráneo que se conectan con el Distrito Federal, Chilpancingo y Acapulco, principalmente. Los normalistas fueron a “botear”, supuestamente para sufragar los gastos del traslado a las manifestaciones del 2 de octubre en la capital de la República, donde cada año se conmemora la matanza de Tlatelolco de 1968.

El comentario del presidente igualteco es un tanto revelador. Entre líneas, uno puede leer que asume su responsabilidad por la represión, a todas luces desproporcionada. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién habrá estado detrás de la movilización estudiantil en un horario y por una razón absurda? Ya que pudieron ir a “botear” a la capital del Estado, la ciudad de Chilpancingo, diez veces más grande que Iguala y que se encuentra a unos cuantos minutos de la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla.

Quizás personajes descontentos con la actual administración local hayan instigado a ciertos porros disfrazados de normalistas. Tal vez gente que ha boicoteado al presidente de Iguala, pues es importante mencionar que en esta ciudad el gobierno municipal –que, por cierto, es perredista– despidió a 600 trabajadores, de esos que cobran sin trabajar, conocidos como ‘aviadores’. Ello constituye casi un 30% de la plantilla de burócratas. También transparentó la obra pública, por lo que la ciudad está experimentando un cambio notable en sus principales calles y el mercado central.

De cualquier manera, y por las razones que hayan sido, la matanza simple y hartera es injustificada para ningún gobierno. Es preciso que se investiguen a profundidad los hechos, y que se haga justicia a las víctimas. Pero para que la justicia sea plena, también es necesario que se aclare el verdadero móvil del traslado hasta la ciudad de Iguala, de medio centenar de jóvenes.

 

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