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Urge definir plenamente delito de “trata”, para proteger a víctimas: Benjamín Robles

MÉXICO, D.F. Para evitar dejar en estado de indefensión a las víctimas de la trata de personas, el integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, presentó una iniciativa ante el pleno para definir plenamente este ilícito, con todos los delitos que implica, y que no se confunda con la simple explotación de persona.

“Nuestra iniciativa considera más tipos penales relacionados intrínsecamente con la explotación del ser humano que se están presentando a partir de un acto ilegal de trata de personas. Creemos necesario partir de una definición clara de la trata de personas, que enmarque todo el ordenamiento legal para después transitar a todos los tipos penales que se provienen de la constitución de un delito de explotación en los términos legales”, expuso Robles.

El legislador oaxaqueño explico que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas dispone un nuevo catálogo de delitos con la finalidad de sancionar no solo la trata de personas, sino también las diversas formas de explotación reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus respectivos Protocolos.

Sin embargo, precisó que el propósito de la propuesta es advertir que el delito de trata de personas es diferente al delito de explotación.

“Uno de los aspectos que pretendemos abordar en la presente propuesta, es el relacionado con que la Ley en cita, no estipula una definición del término ‘trata de personas’ que resulta en sí mismo, la esencia del ordenamiento”, destacó el también presidente de la Comisión Sur-Sureste.

Por lo que hizo notar que el objeto de la Ley estriba principalmente en el establecimiento de todas las medidas que deberán implementarse en torno a la comisión del ilícito, pero el objeto de la norma debiera de desarrollarse a partir de una definición jurídica del término “trata de personas”.

“Esta inclusión conceptual nos permitiría afrontar posibles discusiones en el sentido de que la disposición constitucional está facultando al Congreso a legislar, única y exclusivamente en materia de trata de personas, y no establece nada acerca de los actos de explotación humana, ni los que se consideran como conexos o derivados del primero”, reiteró.

 

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