COORDENADAS DEL PODER.

Oscar Guerra/Politólogo. Twitter: @scarguerra

El saqueo a las arcas públicas de los municipios se ha institucionalizado a través de la figura de los administradores municipales. Sujetos que son impuestos a las distintas comunidades con problemas electorales, por las cúpulas de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso del Estado.

Con la supuesta encomienda de administrar de manera transparente los recursos públicos destinados a los municipios, los señores administradores se llevan todo lo que encuentran a su paso, sabiendo de antemano que serán castigados.

Es de conocimiento general que los partidos se frotan las manos al término de cada proceso electoral para nombrar a sus incondicionales como administradores municipales en los pueblos con problemas electorales, porque en los hechos, los recursos públicos municipales se convierten en las cajas chicas de ciertos dirigentes partidistas.

San Mateo del Mar y otros municipios oaxaqueños no se escapan a esta realidad lacerante. En la pasada contienda electoral municipal bajo el régimen de usos y costumbres o sistema normativo interno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) anuló la elección por las múltiples irregularidades presentadas –léase, acarreo y compra de votos- .

Situación que aprovecharon los legisladores locales –obviamente con la ley en la mano- para nombrar un administrador para la comunidad ikoots por un periodo de 90 días, dentro de los cuales supuestamente se emitiría la convocatoria para una nueva elección extraordinaria, pues hasta la fecha y después de varios meses los habitantes de San Mateo siguen en espera de dichos comicios.

El nombramiento recayó  en Oscar Pérez Cabrera –por cierto, tío del senador priista Eviel Pérez Magaña- sobre quien pesa una acusación por parte de los habitantes mareños de saquear descaradamente los recursos del pueblo.

En infinidad de ocasiones, los ciudadanos de San Mateo del Mar han denunciado que el presidente del Congreso del Estado, el priista Alejandro Avilés se empeña en sostener al administrador municipal, incluso cuando el pueblo exige su destitución y solicita de manera urgente se lleve a cabo la elección extraordinaria, de acuerdo con la resolución emitida por la Sala Regional con sede en Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

La exigencia de los pobladores cuenta con bases sólidas, en lo que va de la administración municipal, Pérez Cabrera ha recibido en total 26 millones 556 mil 781 pesos, de los cuales, 22 millones 913 mil 081 pesos, provienen del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Municipal del ramo 33 y 3 millones 643 mil 700 pesos del ramo 28.  Millonario recurso que no se ha traducido en obras de impacto para la población.

Recordemos que San Mateo ya ha pasado por esta situación con la anterior administración, que fue encabezado por Francisco Valle Piamonte, alcalde que durante su gestión anduvo a salto de mata, por estar acusado por habitantes del municipio de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Durante esos tres años, en la comunidad ikoots imperó la corrupción y la ingobernabilidad, igual que ahora. Hechos que impidieron el desarrollo óptimo del municipio. En esos años, de acuerdo con los datos de la Ley de Ingresos 2011, 2012 y 2013, el municipio de San Mateo del Mar, recibió la cantidad de 122 millones 156 mil pesos.

Recursos que  no fueron aplicados a cabalidad en obras de beneficio social, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien realizó en 2012, una investigación exhaustiva a la aplicación de los recursos destinados a este municipio en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en donde detectó graves irregularidades.

Con las nuevas autoridades se esperaba que las cosas cambiaran para el bien de la comunidad, pero tal parece que van de mal en peor. La elección extraordinaria sigue sin tener una fecha para su realización y en el corto plazo no se espera que se lleve a cabo con el pretexto de que no existen las condiciones adecuadas para su realización, cuartada perfecta utilizada por los administradores para detentar el poder durante los años que dure la administración.

Mientras se siga consintiendo y protegiendo desde el poder el robo descarado de los recursos públicos destinados a reducir el índice de marginación y desigualdad en las comunidades indígenas oaxaqueñas, el estado de cosas difícilmente cambiará.

Mientras no se combata de manera frontal la opacidad, la ineficiencia, el engaño, la arbitrariedad y el abuso en la aplicación de los recursos destinados a beneficiar a la sociedad y se castiguen a los responsables, Oaxaca seguirá sumido en el abandono y el atraso.

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