Oscar Guerra/Politólogo-UNAM     Twitter: @scarguerra

En lo que va de la administración encabezada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, la delincuencia, la violencia, la impunidad y la corrupción siguen gozando de cabal salud. Al parecer Oaxaca se ha convertido en tierra fértil para que cualquiera que cometa un delito quede sin castigo; es decir, sin que las instituciones del estado logren llevar ante la justicia a los culpables, esto es, la impunidad en su máxima expresión.

Tal es el caso de San Juan Cotzocón, comunidad mixe, localizada en la Sierra Norte de Oaxaca. En donde el pasado 11 de junio del presente año, en un operativo policiaco fallido, implementado por la secretaría de seguridad pública del gobierno del estado, se dio un enfrentamiento entre pobladores del municipio y elementos de la policía estatal, dando como resultado la muerte de 8 personas, pertenecientes a ambos bandos.

Este trágico hecho, es el resultado de un problema post-electoral, que se originó meses atrás, incluso desde el 2011 ya se habían presentado hechos violentos en contra de mujeres que participaron en una elección, y del cual el gobierno del estado tenía conocimiento, sin embargo decidió sólo administrar el problema en vez de otorgarle la atención adecuada para su solución, lo que evidencia, una vez más la ineficacia del gobierno estatal.

Después de la elección extraordinaria del primero de diciembre de 2013, donde resultó electo presidente municipal de San Juan Cotzocón, Jaime Regino, el grupo contrario, liderado por el candidato perdedor Gorgonio Tomás Mateos, impugnó las elecciones, alegando irregularidades y culpando al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de no respetar los usos y costumbres de la comunidad, al permitir la instalación de casillas y validar la candidatura de una persona que no cumplía con el requisito de haber brindado quince años de servicios a la comunidad.

El caso fue a dar a los tribunales electorales y el pasado 4 de junio, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia, confirmaron por unanimidad la validez de la elección, con lo que el caso quedó cerrado en lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales, pero el conflicto seguía latente en el seno de la comunidad.

Desde el primero de enero, pobladores encabezados por Gorgonio Tomás, tomaron el control del Ayuntamiento como medida de presión hacia las autoridades para invalidar las elecciones extraordinarias, medida que no prospero, pero en ese tiempo, este grupo de personas cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos de niños, mujeres y hombres de la comunidad mixe.

Derivado de estos delitos, el Juzgado Mixto Penal, con sede en Tuxtepec, liberó  tres órdenes de aprehensión en contra del grupo de Gorgonio Tomás Mateos, y en cumplimiento de las mismas, la Secretaría de Seguridad Pública, envío elementos de la policía estatal a detener a los presuntos culpables. Sin embargo, no existía una estrategia interinstitucional para atender la problemática y los elementos policiacos fueron enviados prácticamente al matadero, ante la decisión de enviarlos casi desarmados, los resultados del operativo, están a la vista, fueron emboscados y asesinados.

Ante este tipo de situaciones trágicas en las comunidades indígenas oaxaqueñas que marcan a la sociedad y dejan un sentimiento de desesperanza, no sobra decir que es indispensable la formulación de políticas públicas que fortalezcan a las instituciones de seguridad y procuración de justicia al mismo tiempo que consoliden las redes de atención a víctimas del delito.

La sociedad oaxaqueña reclama y con justa razón, que el estado de cosas que impera en la entidad cambie, porque el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de las personas, su patrimonio y la observancia del Estado de Derecho.

Somos conscientes de la complejidad que esto representa, pero ello no justifica de ningún modo la inoperancia e ineficiencia del gobierno, quien tiene la responsabilidad de garantizar la paz social.

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