NACIONALES

Pierden 16 mmdp del Seguro Popular

Los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la federación para el programa Seguro Popular durante el periodo 2013-2017.

En cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al programa creado en 2004 durante el gobierno de Vicente Fox, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.

La revisión arrojó que cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar. Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp).
De acuerdo con la Auditoría, las autoridades no han podido resarcir 3 mil 222.8 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública de 2013.

En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos.

En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 millones de pesos.

La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público, y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013. Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no.

Hasta ahora, en este sexenio, independientemente de los 16 mil 13 millones que todavía están por aclarar, se han recuperado 782.4 millones de pesos de los recursos del Seguro Popular y se han aclarado 5 mil 212 mdp.
Cabe señalar que entre las observaciones más recurrentes hay operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.

(Con información de Milenio)

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