• La diputada por Oaxaca presentó Punto de Acuerdo para que mandatarios garanticen que consejos funcionen conforme a la Ley
  • Pequeños productores deben integrarse por justicia y por ley, señaló.

“Ningún Gobernador puede ser omiso a sus responsabilidades para con el campo mexicano. Hoy, todos los reflectores están puestos sobre ellos y lo único que pueden hacer es cumplir. Ni más ni menos”, dijo este día Karina Barón Ortiz, líder nacional de organizaciones campesinas y diputada federal por el Estado de Oaxaca.

Lo anterior, luego de que presentara ante el Congreso un Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a dichos mandatarios estatales, así como al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que hagan del conocimiento público las medidas y acciones que han realizado en la constitución, funcionamiento y organización de los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable.

“Deben reconocer que los Consejos no están funcionando al 100 por ciento. Y no lo harán, mientras no garanticen que los pequeños productores, los verdaderos trabajadores del campo, participen”, sentenció Barón Ortiz.

Explicó que en estos organismos no se está respetando el principio de representatividad de las organizaciones sociales del sector rural consideradas en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

“El gran rezago es que están avanzando sin verdaderos programas de trabajo, ni cronogramas de actividades”, continuó, luego de señalar que actúan con una gran opacidad en el manejo de sus programas operativos y recursos.

“El funcionamiento de los consejos es irregular. Y en este momento de México no podemos permitir que esto siga así. En la víspera de una renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con un campo en agonía, es un crimen que estos mecanismos de participación funcionen en la sombra”, se lamentó la diputada oaxaqueña.

Cabe hacer mención que la legisladora Karina Barón es una líder con amplia representatividad, principalmente en el sur de México, donde se ha caracterizado por consolidar apoyos directos a las y los pequeños productores y campesinos.

Desde el inicio de su gestión como diputada se ubicó entre las legisladoras más productivas —de hecho encabezó los niveles de trabajo en la Cámara según informes oficiales—, y este mismo año trascendieron diversos estudios estadísticos, que la ubicaron además como la diputada federal con la gestión social más efectiva.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR RURAL.

 

NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción  I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de Acuerdo relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Estatales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

Los pequeños productores y productoras son un componente central en los procesos de desarrollo rural en América Latina, además de tener múltiples formas y manifestaciones de acuerdo a las maneras de hacer agricultura de los pueblos originarios.

Las y los pequeños productores forman en gran medida lo que conocemos como  agricultura familiar, campesina e indígena que en América Latina significa alrededor del 80 por ciento de todas las exportaciones agrícolas que hay en América Latina; provee entre el 27 y el 67 por ciento del total de la producción alimentaria en función de las diferencias que hay en cada uno de los países; tiene un papel enorme en la ocupación en el empleo; entre el 12 y el 67por ciento de la superficie agropecuaria; genera entre el 55 y el 77 por ciento del empleo agrícola[i].

En nuestro país este sector representa un 67 por ciento de las unidades productivas menores a 5 hectáreas, se tiene una estructura agraria basada en pequeñas unidades productivas. Aportan el 40 por ciento de la producción agropecuaria y el 57 por ciento de los empleos en el campo, eso da una idea de la importancia que tienen para el campo nacional las y los pequeños productores agropecuarios[ii].

Desgraciadamnete este sector se encuentra abandonado. El presupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor desarrollo de infraestructura y no en las zonas marginadas como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo determina. Los recursos de los programas dirigidos al desarrollo rural se concentran en los grandes productores y no en los pequeños que son la inmensa mayoría.

Hace falta que se cumpla a cabalidad lo que establece la norma a efecto de que exista una verdadera concurrencia de los programas en los tres niveles de gobierno, mayores facilidades en su acceso con reglas de operación claras, fáciles de entender y de aplicar, para llegar a un mayor número de campesinos. Necesitamos concentrar los recursos públicos y dirigirlos a estratos de la población muy específicos; como lo son las y los pequeños productores que se encuentran en un estado de desatención alarmante.

Por la dispersión en que se presenta la economía campesina y la agricultura familiar, agricultoras y agricultores de pequeña escala están aislados y actúan de manera dispersa sin capacidad organizativa. Estimaciones preliminares indican que sólo alrededor del 10 por ciento de los productores tienen representación en los Consejos Estatales para el desarrollo rural sustentable, está lamentable situación les impide participar en las actividades propias del desarrollo rural y así, combatir su marginalidad.

En los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la integración de la Comisión Intersecretarial y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable fue posible la instalación de consejos estatales, regionales, distritales y municipales para el desarrollo rural sustentable; sin embargo, junto a un funcionamiento más regular y democrático de estos consejos, es necesario aterrizar los programas, recursos y facultades, para que se vayan aplicando en los lugares donde se requieren y sobre todo que se apliquen con apego absoluto a lo que estipula la regulación secundaria.

Al respecto, el artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lo conducente establece:

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.”

Bajo este marco legal y con el objetivo de reforzar el desarrollo rural los consejos estatales están encargados, de conformidad al artículo 26 de la Ley en comento, de articular los planteamientos, proyectos y solicitudes provenientes de las diversas regiones de la entidad, canalizadas a través de los distrito de desarrollo rural, lo que asigna a estas entidades el papel estratégico como integrador de las acciones de desarrollo a nivel estatal[iii].

De igual forma, la integración y funcionamiento de estos Consejos está estipulada en el artículo 25 de la Norma de referencia que en su primer párrafo señala:

Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las entidades federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los representantes de las dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial y los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, así como los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano.

Con base en la esencia de esta disposición, formulamos nuestra presente propuesta en razón de que, es a través del establecimiento de estos órganos colegiados que las organizaciones formadas por las y los pequeños productores tienen la facultad de formar parte sustancial en la acciones del desarrollo rural en sus estados. Sin embargo, además de que en los Consejos estatales de desarrollo rural, la representatividad de los pequeños productores es frágil y casi no se les toma en cuenta, dichos órganos funcionan de manera muy irregular, sin programas de trabajo ni cronogramas de reuniones, sin evaluación de resultados, con opacidad en el manejo de programas operativos y recursos, mediante convocatorias de escasa difusión y en donde la mayoría de quienes intervienen en la toma de decisiones son los Consejeros vinculados al poder público.

Todo ello se traduce en que los grupos y organizaciones integradas por campesinos e indígenas, por pequeñas productoras y productores en las diversas entidades federativas, esten fuera de las políticas públicas y los programas que de acuerdo con nuestra legislación, deberían beneficiar prioritariamnete a la población menos favorecida de la sociedad rural.

De esta manera, la infracción al artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al dejar fuera de los Consejos y de la toma de decisiones a las y los pequeños productores,   se esta impidiendo que dicho sector, mayoritario en la sociedad rural, sea parte incluyente en el desarrollo integral y sustentable de sus estados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

 Proposición con Punto de  Acuerdo

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como  a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a garantizar efectivamente la representación en los Consejos Estatales y municipales de Desarrollo Rural Sustentable de las organizaciones  de las y los pequeños productores establecidas como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como  a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de su competencia, hagan del conocimiento público las medidas y acciones que han realizado en la constitución, funcionamiento y organización de los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable a fin de garantizar el cumplimiento del principio de representatividad de las organizaciones sociales del sector rural consideradas en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Palacio legislativo de San Lázaro; Ciudad de México, 04 de abril de 2017

DIP. NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ

[i] Seguridad y Soberanía Alimentaria, Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo, 8-9 de abril, 2013.

[ii] Ibid.

[iii] López Bárcenas, Francisco (Coord.), Legislación para el desarrollo rural: una visión de conjunto. CEDRSSA, Cámara de Diputados, LX Legislatura.

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