Pide Defensoría intervención de Contraloría por faltas de funcionarios de Sevitra

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  • Servidores públicos omitieron expedición de permisos y concesiones
  • Incurrieron en violaciones al derecho a la seguridad jurídica
  • Afectaron a seis personas que esperan concesión para transporte

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó la colaboración de la Secretaría de la Controlaría y Transparencia Gubernamental para que inicie procedimientos de responsabilidad en contra de funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transportes que omitieron prestar debidamente un servicio público.

El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, dijo que funcionarias y funcionarios de esa secretaría incurrieron en violaciones al derecho a la seguridad jurídica de seis personas de la comunidad de Reyes, Etla, faltas que motivaron la emisión de la recomendación 13/2014 el 25 de septiembre último.

Explicó que la recomendación acreditó que el derecho de estas personas fue violentado por la actuación de las y los funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transporte, quienes prestaron de manera deficiente un servicio público al omitir la expedición de licencias y permisos para concesiones a un grupo de seis personas.

Peimbert Calvo subrayó que, hasta la fecha, a esas seis personas se les continúa negando el derecho a prestar el servicio de transporte en su comunidad, con el argumento de que por no haber presentado a tiempo sus trámites el derecho de concesión caducó, pese a que el retraso en esas gestiones fue ocasionado por la propia Sevitra.

El ombdusman señaló que todas y todos los servidores públicos, independientemente de sus obligaciones específicas, tienen la responsabilidad de salvaguardar la legalidad, así como observar eficiencia en su desempeño y regirse bajo los principios de honradez, lealtad e imparcialidad.

Para concluir, el titular de la Defensoría insistió en la solicitud de la Defensoría para que la Contraloría intervenga, pues las y los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiente suministro de los servicios que están obligados a brindar, ya que este tipo de actuación genera responsabilidad por causa pública

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