COORDENADAS DEL PODER.

Oscar Guerra/Politólogo. Twitter: @scarguerra

Derivado de los múltiples problemas ocasionados por la instalación de parques eólicos en el municipio de Juchitán, el ayuntamiento que encabeza Saúl Vicente Vásquez, aprobó un punto de acuerdo en marzo pasado, por el cual el municipio ratifica y decide acatar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como un instrumento jurídico internacional, consistente en el establecimiento de mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de sus decisiones.

Este acuerdo, tiene como fundamento principal consultar a las comunidades indígenas zapotecas sobre los temas eólicos antes de implementar cualquier proyecto relacionado con las energías renovables. Avalando con ello, las garantías necesarias para la determinación de uso de suelo bajo consulta ciudadana.

Ante esta postura adoptada por el cabildo juchiteco, las organizaciones políticas han reaccionado, por ejemplo, el Colectivo Democrático de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), lleva a cabo jornadas de información a sus bases para fijar una posición unificada respecto al tema.

Otra de las organizaciones que han fijado postura respecto al tema, es la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), quien ha manifestado su oposición a implementar una consulta indígena sobre el tema eólico, pues consideran que este ejercicio es una simple simulación de las autoridades municipales y parte de la COCEI para entregar en charola de plata los recursos de los indígenas zapotecas a las empresas transnacionales. Es decir, la consulta indígena es una alternativa que no debe ser usado como medio para justificar la entrada de empresas transnacionales para el despojo de sus tierras y territorio.

Independientemente de estas opiniones a favor y en contra, cabe mencionar que el derecho a la consulta parte del reconocimiento de que los pueblos y comunidades indígenas deben participar eficazmente y de manera cercana en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus intereses.

Este derecho se encuentra previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2° de nuestra Constitución.

El convenio 169 y el artículo 2° de la Carta Magna especifican que lo pueblos indígenas son todos los descendientes de las poblaciones que habitan el país, o una región geográfica que actualmente pertenece al país y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan sus propias instituciones sociales, económicas y políticas, o parte de ellas.

Con lo anterior se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es por ello, que la consulta es un elemento para respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser pueblos. Con tal medida se les reconoce como los actores más competentes y únicos legitimados para tomar decisiones sobre sus propios destinos.

De ahí la importancia entonces de la decisión del ayuntamiento juchiteco de llevar a cabo esta consulta. Independientemente de la aprobación o rechazo referente a la instalación de nuevos parques eólicos en tierras zapotecas, con este ejercicio se construye un mecanismo de diálogo e instrumentación de políticas que permitan alcanzar acuerdos entre las comunidades originarias para que por esta vía se concreten acciones que incrementen su desarrollo, con pleno reconocimiento a su diversidad étnica y cultural, y con respeto a sus derechos e instituciones.

A pesar de las opiniones diferenciadas de los distintos actores políticos y sociales, la aplicación de una consulta indígena involucra el reconocimiento de principios relacionados con derechos aceptados universalmente: derecho a la libre determinación, a la igualdad, a la identidad cultural, al pluralismo, a la propiedad, respeto a la tierra, el territorio y los recursos naturales y por supuesto a la transparencia y derecho a la información.

Por lo expuesto se puede afirmar que una consulta siempre será mejor que ignorar y acallar las voces disidentes. Por lo que esta es una gran oportunidad para que todos participen y hagan valer sus derechos, respetando siempre la decisión mayoritaria que es el principio primordial de la democracia.

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