PROCESO

MEXICO, D.F. (apro).- Armando Valverde Talango, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa cementera La Cruz Azul, fue detenido y llevado al reclusorio Oriente acusado del delito de falsedad de declaraciones.

Los hechos ocurrieron el lunes 23 en el interior de las instalaciones de la cooperativa del corporativo Gran Sur, en la Ciudad de México, en el marco de la ejecución de sentencia del juicio 136, promovido por el propio Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul contra el director general de la misma, Guillermo Álvarez Cuevas.

En esa diligencia, requerida por el Consejo de Administración por orden del juez sexto de distrito en materia civil, se revisarían documentos como las cartas de los jugadores del club de futbol Cruz Azul de la primera división, escrituras de la sociedades anónimas propiedades de la cooperativa, contratos, compras, ventas y préstamos bancarios realizados bajo la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas en el orden fiscal, contable y administrativo.

No fue así. Y la cooperativa se limitó a exhibir fotocopias “de papeles sin sentido y facturas de maquinarias”.

Eugenio Olvera, uno de los abogados de este consejo, detalla en entrevista que el lunes pasado en el interior del corporativo Gran Sur había al menos 150 personas de los denominados “camisas blancas” que, a decir del litigante, son “golpeadores” al servicio de Álvarez Cuevas.

También dice que algo raro sospecharon desde que los integrantes del Consejo de Administración se presentaron en el corporativo junto con el actuario y secretario, ya que además de que se impidió el acceso a la Policía Federal Ministerial, los presentes fueron obligados a dejar sus celulares en la entrada del edificio, a excepción de Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Guillermo y exdirectivo de la cooperativa.

Nunca imaginaron, cuenta Olvera, que alrededor de las 16:00 horas –cuatro horas antes de finalizar la diligencia–, Eduardo Fuentes Celestrín, uno de los abogados de la cooperativa, dio la orden para el ingreso de tres autos “no oficiales” de la Procuraduría General del Distrito Federal (PGJE), de los que descendieron siete agentes.

Estos elementos “comenzaron a golpear a los miembros del Consejo de Administración y aprehendieron a la fuerza al presidente Armando Valverde Talango”, relata Eugenio Olvera.

Valverde Talango fue privado de su libertad y literalmente encerrado en una de las oficinas del corporativo, donde permaneció incomunicado.

En la madrugada del pasado martes, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa La Cruz Azul fue trasladado al Reclusorio Oriente, y por la tarde fue presentado ante la juez 56 con sede en ese penal, Beatriz Elena Moreno.

“Los presuntos judiciales no presentaron orden de aprehensión ni se acreditaron en ningún momento. Simplemente actuaron con lujo de violencia”, acusa Olvera.

Por esta causa, el Consejo de Administración presentó una queja ante el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (Cedac), de la PGR, por el delito de privación ilegal de la libertad, “pues con independencia de que fueran a ejecutar una orden de aprehensión, en primer lugar la labor de la Policía Judicial es presentar inmediatamente a la persona ante el juez que emitió la orden”.

La situación del líder de la disidencia en la cooperativa La Cruz Azul se conocerá este jueves por la tarde.

Eugenio Olvera confía en que la juez, al conocer la serie de irregularidades en la integración de la averiguación, niegue la formal prisión y ordene la libertad inmediata de Armando Valverde.

Sin embargo, el litigante admite el temor de que le dicten el auto de formal prisión a su cliente, “derivado de la red de corrupción con la que opera Guillermo Álvarez Cuevas, quien pone jueces a modo”.

Por lo pronto, el Consejo de Administración iniciará una serie de movilizaciones, a partir de este jueves, tanto en la PGJDF como en la sede del gobierno capitalino. En estas demostraciones solicitarán la inmediata remoción del procurador Rodolfo Ríos Garza, “derivado de los actos de corrupción de los que estamos al tanto”.

A Armando Valverde Talango, refiere Olvera, se le acusa de falsedad de declaración, un delito que la propia juez 56 negó previamente. Además, “la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF había ratificado la negativa a la orden de aprehensión, puesto que los abogados de la cooperativa alegan que al momento de realizar la denuncia por administración fraudulenta –contra Guillermo Álvarez Cuevas–, Armando Valverde no era socio ni consejero, pero los efectos de la sentencia son absolutamente restitutivos, y los efectos de las nulidades son que las cosas regresen al estado que guardaban hasta su demanda.

“Lo cierto es que intervino directamente el abogado José Luis Nassar Daw para, mediante algún acto de corrupción, conmover al Ministerio Público y buscar un juez a modo para que liberaran la orden de aprehensión, no obstante que esta ha sido reiteradamente negada desde el 2012 por el Poder Judicial”.

Olvera asegura que se trata de un acto de corrupción. “De nueva cuenta hacemos responsable a Rodolfo Ríos Garza por seguir interviniendo en la vida interna de la cooperativa en beneficio de Guillermo Álvarez Cuevas.

“Presuponemos que todo esto se deriva de las investigaciones que se realizan en la SEIDO, consecuencia del desvío de 84 millones de pesos de la cooperativa presumiblemente a la campaña de Miguel Ángel Mancera. Es nada más que otro cobro de favor en el que hacen intervenir a José Luis Nassar y al abogado Eduardo Fuentes, quien permitió el acceso de los judiciales para llevar al cabo este secuestro”, sostiene Olvera

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