JUCHITAN

Denuncian la grave situación de migrantes en su paso por México

El albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino”, con la ayuda del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) y del Instituto de las Américas (IdA) organizaron el 16 de febrero una rueda de prensa para tocar los temas de acceso a la justicia y la atención médica de la población migrante en la región del Istmo oaxaqueño. En esa ocasión se planteó la agravación de la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes en su paso por México y el no respeto de los Derechos Humanos de parte de ciertas instituciones mexicanas.

Acceso a la justicia

El acceso a la justicia se vincula directamente con el tema de la fiscalía, por lo cual es importante recordar ciertos hechos que permiten plantear la situación general de vulnerabilidad y de corrupción de la región.

Dos fiscalías especializadas en la atención al migrante se crearon en 2011 en Ciudad Ixtepec y en Chahuites bajo el gobierno de Gabino Cué, con el objetivo de atender de manera adecuada a esta población. Sin embargo, desde 2014 con el plan Frontera Sur, se agravó la situación de vulnerabilidad de los transmigrantes. Las cifras de las denuncias levantadas por migrantes, tras haber sido violentados o asaltados, han sido significativas. Hermanos en el Camino documentó la siguiente información:
– En 2013 el albergue contaba unas 50 denuncias, contra 179 denuncias en 2014, año de la aplicación del plan Frontera Sur.
– En 2015, fueron 473 denuncias levantadas por migrantes en el albergue.
– En 2016, fueron 748 denuncias recabadas por el albergue.

A eso, se le puede añadir varias denuncias públicas de parte del albergue desde 2014 frente a situaciones muy diversas entre Ixtepec y Chahuites. Del 2014 hasta la fecha, el fiscal de Ixtepec fue cambiado en tres ocasiones, en cuanto en Chahuites sigue siendo el mismo fiscal, Marcelino Daniel Matías Benítez.

A pesar de una mejoría en 2015 en la fiscalía de Ixtepec, en donde se había logrado que las inspecciones oculares y los retratos hablados se hagan rápidamente después de haber levantado la denuncia, y en dónde la fiscalía contaba con un psicólogo, un agente ministerial y una secretaria, hubo un retroceso dado a una grave situación de corrupción que empezó en Chahuites.

A finales de 2016 documentamos junto con la CNDH que la fiscalía de Chahuites, con la complicidad del INM de San Pedro Tapanatepec, comenzó a comercializar las denuncias: se cobra a la población migrante hasta $2000 pesos por levantar denuncias, y se “venden” denuncias falsas a migrantes a fin de facilitar un oficio de salida que les permite moverse por el país. La comercialización de las denuncias sigue ocurriendo. Sólo en lo que va del mes de febrero, el albergue a documentado 10 casos de personas migrantes a quienes les cobraron o les vendieron denuncias en Chahuites. El mismo fiscal, Marcelino Daniel Matías Benítez, se ha mantenido hasta la fecha.

Es relevante mencionar que en junio de 2017 se dio lugar a una reunión para exigir el cambio del fiscal de Chahuites. En ella participó personal de Hermanos en el Camino, un representante de la CNDH y el Procurador de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien ya tenía conocimiento de la situación y quien se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Por otro lado denunciamos también que desde 2017 la fiscalía de Ixtepec se ha limitado a ser una instancia receptora de denuncias. Hermanos en el Camino ha documentado que el 100% de los casos que ha acompañado en 2018 se han mandado a archivo temporal, sin hacer investigaciones y sin informar realmente a las víctimas, utilizando públicamente la excusa que “por su calidad de migrante” no se pueden llevar a cabo las investigaciones y así judicializar los casos.

Atención médica

La atención médica a la población migrante en la región del Istmo conoce un contexto de discriminación generalizado.

Dos casos, documentados a principios de este año 2018, pueden ser citados como ilustración de esta situación.

Tras un accidente ocurrido en el tren, un joven guatemalteco tuvo que acudir de urgencia al hospital de Ciudad Ixtepec. Contaba con el seguro popular, que el albergue tramitó. Después de una estancia de poco más de una semana, sin haber recibido la visita del cirujano, decidió firmar su alta voluntaria e irse, sin su expediente médico ya que la administración del hospital no quiso entregárselo. Unos días después, el cirujano del hospital llamó al albergue para anunciar una fecha de operación, lo cual significaba que ni siquiera se había dado cuenta de la salida de su paciente.

El otro caso es el de un joven hondureño acompañado de su familia que fue apuñalado en cuatro ocasiones en Juchitán de Zaragoza. Por ser centro-americano, le rehusaron toda atención médica en el hospital hasta que una señora mexicana presto su identificación para que pudiera ser ingresado. Dos horas después de ser hospitalizado le avisaron a la familia que a pesar del estado de salud crítico del paciente, no había ningún cirujano que pudiese operarlo.

Desesperados, la familia decidió firmar su alta voluntaria y marcharse del hospital para acudir a un hospital privado dónde tuvieron que endeudarse de $60,000.

En varias ocasiones, el albergue ha acompañado a la población migrante al hospital y ha notificado varios casos en donde el personal médico actuó de manera irresponsable, discriminatoria y xenófoba, exigiendo a Hermanos en el Camino y a su equipo de trabajo la absoluta responsabilidad del cuidado de los pacientes, deslindándose de los mismos durante su estancia en el hospital.

Es por eso que hacemos un llamado al gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, y a las autoridades oaxaqueñas, para respetar, proteger y atender los Derechos Humanos de la población migrante.

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