JALAPA, Ver. El presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, llamó a defender el derecho constitucional de las y los ciudadanos  a ser consultados sobre los temas de trascendencia nacional y no dejar que un puñado de legisladores oficialistas imponga decisiones que afecten a la mayoría de las mexicanas y mexicanos.

El senador oaxaqueño dictó la conferencia magistral “Reforma Electoral”, como parte del Diplomado en Mercadotecnia Política, que instituciones académicas imparten en la capital jarocha.

Ante un nutrido auditorio, Robles Montoya explicó las nuevas reglas del andamiaje jurídico electoral, inscrito en las leyes reglamentarias de la reforma político electoral, aprobadas recientemente, como es el derecho a la “Consulta Popular”.

La cual, dijo, puede ser convocada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados (aunque en esos casos se requiere la aprobación de ambas Cámaras), o 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

“Es en el último de los convocantes en donde se faculta al ciudadano para poder echar abajo aquellas leyes o políticas públicas que afecten a la mayoría o que generen un descontento social, como ocurrió recientemente con la leyes reglamentarias de la reforma energética y para lo cual la izquierda mexicana trabaja en la recolección de firmas para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de una consulta popular sobre este tema”, comentó el legislador del PRD.

Y es que explicó que la organización de las consultas estará a cargo del INE y se deberán llevar a cabo el mismo día de la jornada electoral federal, en este caso podría haber consulta en el 2015. Sus resultados serán vinculatorios cuando la participación ciudadana sea mayor al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores

“En las últimas 4 décadas se han generado cambios electorales de gran trascendencia para el país. Con ello se han ido transformando las instituciones del Estado y actualizado el sistema constitucional a la dinámica social”, mencionó.

Asimismo, dijo que los cambios estimularon la creación de instituciones electorales; generación de partidos de oposición; una nueva composición parlamentaria y nuevas reglas del juego en la competencia política.

“Los procesos electorales, destacó, se convirtieron en la fórmula democrática para renovar a los representantes. Este proceso implica certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.  Tales procesos descansan sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.

Todas estas reformas, apunto, han respondido a la creciente pluralidad y diversidad de la sociedad, que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto el social como el político y el privado.

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