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Contraloría ciudadana, inhibe corrupción: Benjamín Robles

MÉXICO, D.F. En su compromiso como legislador para fomentar la transparencia y el buen gobierno, el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, propuso mayor participación de la sociedad civil en las tareas directas de combate a la corrupción en la ejecución de los programas sociales a través de la creación de la Contraloría Social o Ciudadana.

“El propósito de esta iniciativa es coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado para combatir la corrupción, aquel que otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de evaluación de la gestión pública: la Contraloría Ciudadana”, expuso el legislador del PRD ante el pleno.

La propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, dijo el legislador oaxaqueño, forma parte del eje legislativo que propuso el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque es una preocupación común la tarea inconclusa del Estado mexicano en el combate a la corrupción.

En su intervención en el inicio del periodo ordinario de sesiones, explicó que la Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros, conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país.

La finalidad, abundó, es la de incorporar límites sociales a la esfera de lo público como una estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.

“Nuestro objetivo es precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales, que se prevén en la ley General de Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia”, puntualizó.

De tal manera, reiteró que la Contraloría Social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones.

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